Por: Leonardo Sanchez

Cumplir la constitución y las leyes o no cumplirlas sin consecuencias, esa parece ser la cuestión, mientras se acusa de conspiración contra el gobierno del estado a quienes piden justicia contra la corrupción y la impunidad blindadas

Santo Domingo-Funcionarios del estado declaran que hay movimientos sociales, o sectores no identificados que están buscando la caída del gobierno, sin advertir que el hartazgo social proviene de una falta de acciones concretas para sancionar hechos “que lloran ante la presencia de Dios”.

Porque se percibe con claridad que no quieren actuar contra compañeros de partido o algunos aliados que vienen cometiendo actos corruptos con bienes del estado que siguen siendo “negociados” como una piñata a la garata con puño.

Y es esa falta de acciones legales el detonante de protestas, marchas y declaraciones en redes sociales contra la corrupción y la impunidad que ahora acusan de conspiración contra el gobierno del estado que protege a los corruptos y a los que no han actuado contra ellos.

Ahora no se sabe, desde cuándo reclamar la legalidad y acciones de castigo a los ilícitos penales, es conspirar. Y es peor cuando se responde desde el gobierno del estado con declaraciones y publicidad que justifica los ilícitos penales que son los que conspiran contra el estado de derecho.

Porque el país contempla impávido los hechos execrables de corrupción indiscutida en varias instituciones del estado y, teniendo a su disposición informes medio esclarecedores de algunas comisiones designadas por el ejecutivo, la acción penal brilla por su ausencia.

Situaciones, como ha sido de escandalosa la impúdica venta del barrio de Los Tres Brazos o el sangriento descubrimiento de las ventas y reventas de terrenos del estado en SPM y el affaire de Lajún Corparation que tiene el toque especial de ser emblemático y representativo del concierto nublar de entidades como el CEA, el congreso, catastro nacional y los ayuntamientos.

Es imposible no percibir la intención de ocultamiento de los responsables de perseguir esos delitos que, aun con los resultados de las investigaciones morosas de los comisionados, todavía no inician las acciones legales que son obligadas ante delitos flagrantes.

Entonces, ¿quién es que esta conspirando?

El ministerio público, igual que con los casos cariocas, se ve pasmado o imposibilitado de actuar porque parece que siente que, si lo hace, estaría cortando de su propia carne.

Como Shylock, el Mercader de Venecia.

Porque no se explica que no se haya actuado contra los que han vendido el vertedero de Duquesa. Ni contra los que vendieron Los Tres Brazos y provocaron la muerte de varias personas en SPM, teniendo las evidencias y las posibles pruebas.

Son personas perfectamente identificadas. Y algunos son funcionarios de alto y mediano nivel con despachos conocidos. Y sus testaferros también están identificados porque son sus sombras y parapetos.

¡Por eso indigna la falta de acción legal!

Los diputados comisionados han ratificado que su cámara no sancionó la operación realizada al margen de los dictados de la constitución para enajenar los terrenos donde opera el vertedero. Y no hay acciones penales contra los que muestran públicamente unos títulos falsos y se esconden detrás de unos extranjeros que hacen de burladeros para el toreo de las leyes.

Y no se explica todavía cómo una empresa extranjera propiedad de personeros locales puede exhibir públicamente títulos fraudulentos y no ser sancionados sus representantes y sus mandantes.

¡Cuánto poder se saca del amiguismo y los aposentos bajos, metro a metro!

Y encima, obstaculizan con todo el poder que ostenta esa empresa, las operaciones de disposición de desechos sólidos de la mancomunidad de cabildos del GSD, poniendo en riesgo la salud pública.

No se entiende la inacción del estado mismo. ¡Es como si no existiera!

Incluyendo un caso privado que involucra a una familia emblemática de la sociedad que ha sido despojada de terrenos de altísimo valor inmobiliario en Bella Vista por los mismos personeros que vienen actuando como en un filme de ambiente gansteril, pero con resultados económicos reales y tangibles para esa ganga.

Y la respuesta de los voceros del estado es acusar de conspiración a quienes reclaman la aplicación de las leyes. Inaudito es.

Ha sido la misma reacción con los casos encubiertos de OISOE, Tucanos, Odebrecht, y la Licitación y sobrevaluación de Punta Catalina.

Además de la sospechosa elección de los terrenos para la construcción de las plantas que ha sido una privatización previa, para hacerse efectiva cuando haya que pagarles a sus propietarios.

Pero solo se quiere ver una conspiración contra el gobierno que es el que conspira contra la sociedad por su falta de acciones legales. Una sociedad que ha venido siendo espectadora silente mientras se hacen todos esos negocios.

Porque hay que ser testigo de negocios personales, reos de varios tipos penales, pero guardar silencio para que los justiciables no acusen de conspiración.

Porque el silencio es la única opción, para evitar ser víctima de la represión. Incluyendo la represión mediática a través de la propaganda que se financia con dinero de los impuestos para engordar a los sicarios mediáticos y a los hackers de las redes sociales, como nueva modalidad de protección a los corruptos impunes.

Omertà! Es un código de silencio cuando se negocia con el gobierno. Literalmente significa “hombría” y se refiere a la idea de que un hombre debe manejar sus propios problemas sin la ayuda de la justicia, pero el término ha venido a ser sinónimo del código de silencio de la mafia. Omerta es una actitud muy popular en lugares del sur de Italia como Sicilia, donde la mafia es fuerte. -Google-