El TC resolvería conflictos por primarias

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Los jueces del Tribunal Constitucional tienen la fórmula para solucionar el conflicto surgido a raíz de que la Junta Central Electoral (JCE) determinó que el Estado asumirá el 86 por ciento del costo de las primarias simultáneas que celebrarán cinco partidos políticos, en las cuales escogerán a los candidatos que postularán en las elecciones de 2020.

Esto se desprende del hecho de que en dos de las ocho acciones directas de inconstitucionalidad contra la Ley 33-18, de partidos, agrupaciones y movimientos políticos pendientes de fallo en el Tribunal Constitucional, se impugnan las disposiciones sobre la apropiación de los fondos para las primarias, contemplados en el artículo 47 de la ley.

Ese artículo, cuya nulidad se pretende mediante acciones directas de inconstitucionalidad, dispone que “los recursos para organizar el proceso de las elecciones primarias de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para elegir los candidatos a los distintos cargos de elección popular en las elecciones ordinarias serán deducidos, previo acuerdo con las organizaciones políticas, del aporte económico que proporciona el Estado a los partidos, independientemente de los aportes de la Junta Central Electoral en naturaleza y logística.”

Estas acciones de inconstitucionalidad fueron sometidas antes de que la JCE determinara el costo de las primarias simultáneas que realizarán cinco partidos, y la forma en que será cubierto, atribuyendo un aparte al Estado y otra a los partidos.

El 5 de febrero pasado, la JCE informó que las primarias costarán 1,449 millones de pesos y que de estos, el Estado aportará 1,249 millones y los partidos 200 millones. Esa medida ha encontrado el rechazo de diferentes sectores, incluyendo partidos que no realizarán primarias.

Una de las  acciones contra el artículo 47 de la ley de partidos fue  sometida por  los partidos opositores Alianza País (ALPAIS), Humanista Dominicano (PHD), Dominicanos por el Cambio (DXC), Frente Amplio (FA), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Alianza por la Democracia (APD),  Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Opción Democrática (OD); y la abogada Soraya Aquino.

Y la otra,  por un grupo de abogados, encabezado por Miguel Antonio Peguero Pulinario, Daniel Regalado Rojas, Marcial Martínez Pulinario, Próspero David Ortiz Heredia, Adrián Rodríguez, y otros.

Estas acciones fueron conocidas en audiencia pública celebrada el  4 de febrero pasado, en la cual fueron declaradas de urgencia y dejadas en estado de fallo. Mediante esas instancias, también se impugnaron otras disposiciones de la Ley 33-18.

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