Crímenes y menores de edad

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La ley restringe la capacidad de discernimiento del menor en el ámbito de los contratos y convenciones, además de tutelar sus derechos y proteger su integridad, pero es preciso endurecer las penas infligidas por tipos de crímenes violentos que perpetran como si fueran adultos.

El orden judicial salvaguarda a niños, niñas y adolescentes ante toda forma de maltrato físico o moral, tanto en el ámbito familiar como en cualquier escenario social, aunque hace falta disuadir a los jóvenes, mediante la aplicación de un régimen de consecuencia, a no incurrir en infracciones penales.

Se admite que el endurecimiento de la pena no resulta la panacea para prevenir o afrontar la delincuencia juvenil, porque también se requiere de políticas públicas efectivas que impacten positivamente en las condiciones materiales de los jóvenes y de la familia.

No importa que se modifique el Código Penal o el del Menor para elevar la pena aflictiva por asesinatos, atracos, asaltos o violación sexual cometidos por menores, porque sin abordar el tema de la inclusión social, no surtiría ningún efecto.
Se acepta como bueno y válido que un menor sea juzgado como adulto, si un panel integrado por psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, así lo recomienda al juez de la instrucción, pero es menester que el Estado promueva más empleo, educación, salud, vivienda, deporte y cultura en el entorno juvenil.

Es muy difícil proponer endurecimiento de la pena para menores criminales, si el 25 % de las parturientas en maternidades públicas son niñas y adolescentes, o si en los barrios hay más centros de prostitución, bancas de apuestas y puntos de drogas que escuelas, bibliotecas y canchas deportivas.

En países avanzados, la justicia juzga como adultos a menores entre 14 a 17 años, si se determina que al cometer el crimen por el que se acusa, actuó con discernimiento, por lo que en términos estrictamente jurídicos es posible aplicar aquí ese sistema.

Por el estado de marginalidad que padece una gran parte de la población juvenil habría que preguntar con qué calidad moral, los poderes públicos promoverían endurecer las penas de cárcel a menores infractores de la ley.