Por: Reynaldo Peguero

Santiago-Pagar impuestos es una categoría medular de la democracia. Diversos estudios demuestran que cuando se mide la contribución al fisco, los santiagueros se distinguen por aportar al Estado un mayor volumen de impuestos que toda la base tributaria de cientos de ciudades y municipios de la Nación. Más del 90% de las familias santiagueras paga su energía eléctrica y alrededor del 85% sufraga el agua potable. Los mismos indicadores calculados en los grandes barrios de Santo Domingo, apenas rondan el 50%. Por eso somos tan sensibles a la injusticia que el gasto público y los impuestos se centralicen en “La Capital”.

Cuando se valoran las empresas que pagan sus arbitrios eficientemente al Ayuntamiento de Santiago (la mayoría) y aquellas que no sufragan o se retrasan al hacerlo (la minoría), se refuerza la democracia local y la gobernabilidad. Se promueve la necesidad de lograr una verdadera descentralización fiscal que favorezca el desarrollo local. Los ayuntamientos tienen 15 competencias propias que de acuerdo al Artículo 19 de la ley 176-07, necesitan un sistema de ingresos que facilite cumplirlas con eficiencia. En ciudades desarrolladas se prefiere la discriminación positiva que reconoce las buenas empresas contribuyentes. Así las que no aportan a “Dios lo que es Dios y al César lo que es del César”, hacen penitencia al observar el buen ejemplo, sabiendo que llegará la hora de saldar cuentas.

En el período del Alcalde Héctor Grullón, el primer Plan Estratégico acordó “Reformar y Promover una Gestión Municipal de Calidad”. En ese contexto, José Raúl Fernández primer director del Consejo para el Desarrollo Estratégico (CDES) y quien suscribe como gerente de proyectos, visitamos el departamento de recaudo, y encontramos que los recibos de cobro se hallaban en decenas de cajas de zapatos y cervezas en una oscura y vieja oficina del Ayuntamiento. Ese retraso institucional fue trabajado y automatizado exitosamente en la gestión de este Alcalde de Santiago con un programa de impacto de la  Agencia de Cooperación Técnica de Alemania (GTZ) y el Ayuntamiento. La gestión de José Enrique Sued le dio continuidad a este proceso. Desde 1996, el CDES se distingue por aconsejar al Ayuntamiento que se prepare bien para cobrar arbitrios locales y logre invertirlos en coherencia con el Plan Estratégico, en obras municipales de calidad.

La centralización del recaudo de impuestos y el gasto público excesivo en el Distrito Nacional, siempre han ido de la mano. Así fue analizado en Santiago en los años 80 del siglo XX cuando la PUCMM organizó un sustancioso seminario al respecto. Todas las conclusiones subrayaban la incongruencia del gran aporte que hacía Santiago al erario público, versus la gran cantidad de trámites y permisologías que había que gestionar en Santo Domingo. Nos lastima socialmente que en última instancia, los impuestos santiagueros terminen invertidos en “La Capital”. Esta injusticia genera que más del 50% de los dominicanos residan hoy en el gran Santo Domingo y su entorno.

Estas discusiones técnicas promovidas por la PUCMM, coincidieron con la fundación en 1985 del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) en esta misma universidad. Desde su origen CEUR es una apuesta robusta para generar iniciativas descentralizadoras, urbanísticas y regionales.

Sin embargo, la descentralización y el desarrollo municipal como temas de la democracia política dominicana no se incluyeron en el Programa de Iniciativas Democráticas (PID), que por una década (1991-2001) llevó a USAID a contribuir con 110 millones de pesos vía la PUCMM a la “alfabetización  democrática dominicana”. Paradójicamente este proyecto apenas invirtió en Santiago menos del 10%. Por eso cuando en 1993, organizamos en la PUCMM, el seminario “Sistemas Locales (SILOS)”, una propuesta de descentralización social, Santiago se encontraba a la deriva de las iniciativas nacionales que apostaban al desarrollo local. Era Salcedo y no Santiago, el centro de los proyectos locales donde se pretendía decidir una auténtica descentralización de la gestión pública.

Santiago con menos del 10% de los 206 proyectos y las 21,699 actividades del programa PID-USAID que ejecutaba la PUCMM desde Santo Domingo, en ese momento no fue entendido como el mejor espacio para que en las ciudades dominicanas se fortaleciera la democracia apoyando el ayuntamiento y la reforma de su gestión de gobierno. Despertamos solos en 1993 al iniciarse en Santiago los “Juevones”, una especie de tertulias ciudadanas para buscar alternativas inteligentes a la crisis del crecimiento urbano desplanificado que brotaba con fuerza en ese momento. Fue en ese espacio que se gestó la idea de organizar un consejo de desarrollo local y participar activamente en la fundación del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) en Barcelona.

Ese es el tema que desde 1993 aparece en las discusiones de gobernanza y gobernabilidad de Santiago, auspiciado por nosotros mismos. No fue casual que fuéramos la primera ciudad que estudió formalmente, el grado de autonomía del gobierno local, los escasos recursos financieros que disponen los ayuntamientos y el bajo salario que ganan los recursos humanos municipales. Igualmente valoramos la gestión municipal necesaria para recaudar y asignar recursos a un gasto público eficiente. Todo este proceso toma cuerpo en 2002 con el primer Plan Estratégico y una estrategia de gobernabilidad de 12 proyectos y 10 objetivos claves.

Proyectos y objetivos que son coherentes con la nueva propuesta de Ley Orgánica de la Administración Local que promueve la Comisión Presidencial de Reforma Municipal. Esta iniciativa legislativa acumula virtudes que ayudarían a resolver la crisis de financiamiento local. Entre otras: i) Transforma la Liga Municipal Dominicana (LMD) en un Instituto de Desarrollo Local que incentiva los ayuntamientos eficientes; ii)Creados áreas metropolitanas, Santiago y Santo Domingo con transferencias especiales del Estado; iii) Instaura el Fondo de Cohesión Territorial previsto en la Estrategia Nacional 2030; iv) Crea el Fondo de Incentivo para que anualmente, el presupuesto público, destine una partida no inferior al 3 % a gobiernos locales eficientes; y v)Acuerda que los ayuntamientos asuman el recaudo de varios impuestos que son hoy de carácter nacional. En la otra colaboración seguimos.