Asociaciones navieras: ¿los nuevos dueños del país?

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Reynaldo Peguero

Las gestiones de las asociaciones navieras de imponer tarifas y promover reparaciones cosméticas para reducir la capacidad del Puerto del Manzanillo son conocidas. Las mismas nada tienen que ver con el mandato estratégico convertido en Ley 1-12, de transformar este país en un centro logístico internacional y aprovechar las ventajas de localización geográfica de los puertos. Asimismo, estas entidades para proteger sus intereses y puestos en los consejos portuarios oficiales, bloquean la modernización del viejo marco regulador aprobado hace medio siglo por el Congreso Nacional.

Las navieras que hacen permanentemente travesuras, trámites y gestiones aviesas que impiden incentivar la creación de una red multimodal de transporte y servicios logísticos de cobertura descentralizada parece que quieren ser “los nuevos dueños del país”.

Valórese que en momentos dramáticos para la estabilidad política dominicana, Radhamés Gómez Pepín, histórico director del periódico El Nacional, impactó la opinión pública al titular en primera plana y en grande: “Los dueños del país aumentan el transporte de nuevo”.

Este insigne y perspicaz director de medios, descendiente  de una familia de profesores y periodistas santiagueros de buen escribir con quien me unen lazos de familiaridad, hizo imprimir  una atractiva titulación que generó estupor en la opinión pública nacional; un tema que todos sabían pero que muy pocos enfocaban de forma franca: los sindicatos del transporte tenían más poder real que el gobierno que pretendía dirigirlos.

Este punto crítico no era más que la expresión fenoménica del nuevo poder económico y político que habían conquistado los presidentes y directivos de los otrora sindicatos revolucionarios del transporte. Agrupaciones convertidas en sigilo y de la noche a la mañana en poderosos y auténticos empresarios.

En iguales términos podrían rotularse hoy en los medios de comunicación, las injustas tarifas que las empresas navieras de República Dominicana quieren imponer. Tributos inconsultos y verticales que no tienen ninguna relación con la estabilidad macroeconómica y la controlada tasa de inflación que al año 2019 mantiene de forma sostenible el gobierno del señor Presidente Danilo Medina. Siendo ésta seguridad económica una de las principales ecuaciones de éxito de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Debemos entender que la asociación de navieros dominicanos y sus socios internacionales, son hoy unos poderosos carteles que se abrogan el derecho monopólico de aumentar a discreción los costos de sus servicios portuarios. Son ellos que no toman en cuenta, ni se atienen a la Ley 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo al año 2030, mandato que instruye el impulso de una Reforma Portuaria Integral. Transformación que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), se ha encargado de avanzar con el aporte del Plan Nacional de Logística y Transporte de Carga (PLANLOG), auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Este es un nuevo capítulo de inequidad. La empresa Haina International Terminals pretende elevar unilateralmente, la mayoría de servicios portuarios realizados por el Puerto del río Haina. En los hechos, el sector productivo del Cibao y todos los exportadores dominicanos, están siendo obligados a pagarle a un grupo de empresarios del sector naviero intermediario de Santo Domingo, el negocio de modernizar las tecnologías y operaciones de este puerto para de esta manera imponerse como los dueños y señores del mercado de puertos del Caribe insular y continental y también en toda Centroamérica. Por cierto, una inequitativa pero muy buena estrategia para sus centralizadores intereses.

Debemos conocer otra vez, que de forma violatoria al espíritu del Decreto Presidencial 453-18 que declara el 2019 como “Año de la Innovación y Competitividad”, diversas empresas navieras han decidido aumentar un promedio del 10% de los servicios portuarios de exportación. En este año 2019, dichas empresas pretenden que cada contenedor que se exporte, especialmente del sector de las empresas de zona franca, pague US$ 515 en vez de los ya injustos US$ 480.15 que se sufragaban en el pasado año 2018.

En este año 2019 a partir del pasado primero de febrero según comunicación a los exportadores dominicanos, estos tendrán que pagar por cada contenedor, US$ 34.85 más por servicios realizados en los puertos marítimos dominicanos. Estos montos se multiplican por un total de 356,400 contenedores estimados canalizados por los puertos del sur que generan un monto anual de ingresos de US$183.5 millones.

A esta labor intermediaria, se adicionan los abusivos cobros que realizan entidades como Despachos Portuarios Hispaniola (DPH) y Facilitadores de Despacho Atlántico (FDA), quienes además imponen “días libres de contenedores” en diversos puertos, generando ineficiencia y ralentización de la exportaciones.

Nueva vez recomendamos que el señor Presidente de la República, Danilo Medina en coordinación con el Director de la APORDOM y otros importantes funcionarios involucrados, revoque estas medidas tarifarias y que además inicie las gestiones para impulsar una auténtica reforma portuaria nacional cuyo eje de desarrollo debería ser, el relanzamiento estratégico de la capacidad portuaria de la costa norte.

Estas gestiones de los navieros dominicanos, eternos conjurados contra la modernización y ampliación del Puerto de Manzanillo, violan el  artículo 9 del Tercer Eje de la Ley 1-12, que procura una Economía Sostenible, Integradora y Competitiva y manda a lograr una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global. En la otra seguimos.