Apoyan la creación de una procuraduría especializada en asuntos electorales

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La creación de una Procuraduría Especializada en Asuntos Electorales ha recibido el respaldo del  presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Román Jáquez Liranzo, y del exjuez de esa corte, José Manuel Hernández Peguero, quienes hacen recomendaciones enfocadas a que se garantice el debido proceso constitucional en la persecución de los delitos electorales y el correcto funcionamiento de esa nueva dependencia del Ministerio Público.

El presidente del TSE sugiere ser rigoroso con la elección de la persona que estaría al frente de esa procuraduría especializada en materia electoral. Propone se exijan las mismas condiciones que un juez de una alta corte, con un dominio absoluto del proceso penal y de la materia electoral, y que se respete el debido proceso constitucional y legal.

“Nada hacemos con llevar un fiscal experto en materia penal, pero que desconozca la especialización de una rama autónoma del derecho, como es el derecho electoral”, consideró.

Mientras, Hernández Peguero planteó que desde esa Procuraduría Especializada en asuntos electorales se deben capacitar a los fiscales que en todo el país se ocuparán de perseguir las infracciones en asuntos electorales.

El jueves pasado, la Comisión bicameral que estudia el proyecto de ley de régimen electoral llegó a un consenso para aprobar una procuraduría especializada en asuntos electorales en esa legislación, y otras disposiciones concernientes al proceso electoral.

Debido proceso. Competencias

Jáquez Liranzo garantizó que el TSE cumplirá con el debido proceso de ley en los casos que sea apoderado, tras recordar que su ley orgánica 29-11, le da competencia a esa corte, en el artículo 25, para conocer los delitos y crímenes electorales.

Sostuvo que el tribunal lo que es un juzgador y observó que la debilidad del sistema es quien persigue esos delitos, que entiende debe ser el ministerio público, que es la instancia encargada de la investigación y persecución.

Entiende que ha sido una necesidad, porque alguien debe perseguir las infracciones electorales, porque el tribunal no puede hacerlo.

Recalcó que debe ser un miembro del ministerio público, con un dominio absoluto no solo del proceso y de las garantías de un debido proceso de los derechos fundamentales, sino del derecho electoral.

Insistió en la necesidad de un proceso riguroso para escoger al procurador responsable de perseguir los delitos electorale

“Debe venir aquí un ministerio público a traernos la persona con la garantías constitucionales de un debido proceso, el plazo de las 48 horas, y nosotros haremos el procedimiento que establece la constitución”, puntualizó.